Jueves, 14 Diciembre 2017 00:00

AN aprueba ley para recuperar bienes vinculados con la corrupción dentro y fuera del país

 
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El proyecto de ley cuenta con 126 artículos. Establece que ningún acto jurídico realizado sobre activos ilícitos los legitima El proyecto de ley cuenta con 126 artículos. Establece que ningún acto jurídico realizado sobre activos ilícitos los legitima Foto Archivo

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TSJ deberá constituir tribunales especializados 

Las disposiciones transitorias del proyecto de ley establecen que el Tribunal Supremo de Justicia deberá constituir tribunales especializados, creados en esta ley, dentro de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia.

“Los tribunales de primera instancia deberán ser unipersonales y los tribunales de segunda instancia deberán ser colegiados, compuestos por tres jueces. Mientras no se creen estos tribunales, se deberá dar competencia en materia de recuperación de activos, a los tribunales civiles ordinarios, en cuyo caso los superiores serán unipersonales”, indica.

 

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en primera discusión, el proyecto de Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción, un mecanismo legal que busca identificar, localizar y recuperar los activos vinculados con actividades ilícitas estén en Venezuela o en el extranjero.

La propuesta legislativa coincide con el tsunami de denuncias que, a destiempo ha ventilado el gobierno a través del fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, sobre una mil millonaria trama de corrupción que involucra a ex funcionarios de Pdvsa y filiales que habrían blanqueado 4.200 millones de euros en la Banca Privada de Andorra.

“Hoy se habla de 300 a 600 mil millones de dólares difuminados por todo el planeta. Parte de este marco jurídico es para documentar las denuncias y poder repatriar estos activos que se robaron y por los que tantos han muerto”, explicó Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento.

“Ya se robaron el dinero usando la palabra pueblo, pero esta ley es de cara al futuro, un futuro y un capital para el país que vamos a recuperar”, agregó.

La exposición de motivos del proyecto de ley resalta que la corrupción no solamente es considerada como una práctica que afecta negativamente el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y que atenta contra el patrimonio público, sino que más gravemente, “representa un fenómeno que genera un ambiente propicio para la violación de derechos humanos de primera generación; constituye un obstáculo de grandes dimensiones para la satisfacción efectiva de derechos humanos de contenido económico y social, sobre todo para Estados en vías de desarrollo; y desvía la acción estatal vulnerando los derechos humanos de tercera generación, en especial, el de la paz”.

En un contexto de escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación como nunca antes en la historia, el Parlamento expuso que la nación venezolana ha sido víctima y testigo de excepción de los perniciosos efectos de la corrupción, “convirtiéndose en uno de los ejemplos más severos que demuestran cómo la corrupción puede violar directamente los derechos humanos de un pueblo”, dicen, al enfatizar que es la corrupción uno de los principales causantes de la crisis humanitaria que vive actualmente el país.

126 artículos 

El proyecto de ley establece que ningún acto jurídico realizado sobre activos ilícitos los legitima, salvo los derechos de terceros de buena fe. Los activos ilícitos tampoco se legitiman por causa de muerte, aclara.

El artículo 5 resalta que cuando los activos ilícitos hayan sido enajenados, no sea posible su localización, o habiéndose localizado se encuentren destruidos o por cualquier otra causa no resulte posible recuperarlos, “las acciones de recuperación podrán ejercerse sobre activos de valores equivalentes del mismo titular”.

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Se establece la creación de la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos que, de acuerdo con el artículo 9, será el órgano nacional encargado de localizar y recuperar activos ilícitos en nombre del Estado venezolano. Esta oficina no estará subordinada a ningún otro órgano del Poder Público y, por lo tanto, “goza de autonomía orgánica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria”. Además, gozará de las mismas prerrogativas procesales que el Fisco Nacional y la Procuraduría General de la República.

Entre sus competencias, el órgano deberá solicitar la declaración jurada de patrimonio de cualquier funcionario; intervenir con cualidad de parte en los procesos penales relacionados con actividades ilícitas o donde se encuentren involucrados activos ilícitos; velar por la protección de los testigos e intervinientes en el proceso; negociar y llegar a acuerdos con los presuntos detentadores de activos ilícitos para lograr una devolución voluntaria de todos los activos, entre otras.

La oficina estará a cargo de un director general y un subdirector, que serán designados por la mayoría de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La investigación que realice la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos deberá ser de carácter reservado hasta que se intenten judicialmente las acciones correspondientes o se materialicen las medidas cautelares que se decreten, apunta el artículo 15.

Cualquier funcionario que tenga conocimiento de la existencia de hechos o activos vinculados con actividades ilícitas deberá ponerlo en conocimiento de la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos.

Activos recuperados 

El órgano que se encargará de la recepción, registro, liquidación, disposición y distribución de los activos ilícitos recuperados a favor del Estado será el Servicio Autónomo de Gestión de Activos, adscrito a la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos. Entre otras atribuciones, esta dependencia deberá mantener un registro público actualizado de los activos recibidos y liquidados, el cual estará disponible en su sitio web oficial.

Los activos ilícitos efectivamente recuperados deberán ser puestos en venta dentro de los tres meses siguientes a la ejecución de la sentencia, mediante las modalidades de remate en subasta pública o venta directa al público a precios fijos, previo avalúo.

80% del dinero que se obtenga por la venta, apunta el artículo 40, será administrado por el Ejecutivo nacional, con el objeto de financiar obras públicas o de infraestructura o proyectos sociales. Un 15% se destinará a la Oficina Nacional de Recuperación de Activos y 5% al Servicio Autónomo de Gestión de Activos.

Decomiso o confiscación 

Las acciones que pueden intentarse para la recuperación de activos son el decomiso o confiscación en sede penal, la extinción de dominio regulada en la ley y las acciones civiles contempladas en el ordenamiento jurídico.

El artículo 96 señala que aquellos activos que hayan sido objeto de una medida cautelar en un proceso de recuperación de activos que no prosperara y no fueran reclamados por sus titulares, en 180 días, se considerarán abandonados, y la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos podrá solicitar la extinción de dominio por causa de abandono y su titularidad a favor del Estado.

El proyecto de ley resalta que la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos podrá demandar la nulidad de todos aquellos contratos en cuya formación se haya incurrido en actividades ilícitas, “siendo dichas actividades causales suficientes de nulidad”.

Incentivos a cooperadores 

A los cooperadores eficaces, como los califica la ley en caso de que aporten información útil y necesaria, se les otorgará entre 3 y 10% del valor de lo efectivamente recuperado “en virtud de la información suministrada”.

“Cuando para recuperar un mismo activo ilícito concurran varios cooperadores, la cantidad que se les otorgue como incentivos no podrá exceder en su conjunto del 10% de lo efectivamente recuperado, debiendo ajustarse el incentivo acordado con cada cooperador en proporción a este límite”.

Los cooperadores recibirán medidas de protección y, adicionalmente, tendrán derecho a que se mantenga la reserva de su identidad y no podrán ser obligados a testificar en juicio.

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