Viernes, 07 Septiembre 2018 00:00

Denuncian intención de eliminar tabuladores en contratos colectivos

 
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Una nueva medida de escala salarial basado en el petro, la criptomoneda del chavismo, será la nueva referencia para calcular salarios de los contratos colectivos. Voces como la del abogado y director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, alertan que en esta hora son los sindicatos los llamados a defender “las tablas, no puede aceptar esta maniobra. Aunque es una operación que está en curso creo que van a poder evitar que el sindicalismo oficial salga a revirar (la medida)”. Pero el letargo impera en el movimiento mientras el régimen madurista impone, de manera inconsulta y nuevamente, una desmejora en el mundo laboral.

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Tras el anuncio y publicación en Gaceta Oficial del nuevo salario mínimo nacional, 60 veces por encima del que regía desde junio, el movimiento sindical disidente en Venezuela mantiene dudas sobre el destino de los tabuladores de los contratos colectivos dependientes del Estado, la cláusula de mayor dificultad del acuerdo y una de las razones de ser de las negociaciones contractuales.

Son dudas que se han convertido en alarma, luego de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señalara que ni el mejor contrato colectivo en Venezuela superará el salario mínimo nacional.

“Se ha recuperado el salario al anclarlo al petro, y ese petro a su vez, está sustentado a un barril de petróleo. De manera que: el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable, jamás va a superar al salario mínimo en esta nueva tabla (salarial). Se respetan todos los beneficios de la contratación colectiva, solamente que se establece un mecanismo de cálculo para hacer más claro, para hacer más cónsono con la nueva unidad de medida los salarios”, dijo el martes en rueda de prensa.

Aunque el titular de la cartera de Comunicación no ha sido muy diáfano en las últimas semanas,  sus palabras han sido tomadas como ciertas por un sector de la dirigencia dado los antecedentes del chavismo de intentar eliminar beneficios considerados privilegios por el Ejecutivo.

En 2009, un documento filtrado del Ministerio del Trabajo titulado Caracterización de las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público establecía la necesidad de eliminar “privilegios en la contratación colectiva” y nivelar a “los de abajo con los de arriba”.

Aclaratoria

En Guayana, los planteamientos de la Central Bolivariana de Trabajadores en asamblea de las empresas básicas y el reciente anuncio de Rodríguez, han reforzado las alarmas de la aporreada y disidente dirigencia sindical, quien en el último año perdió buena parte de los sindicatos en los que el Gobierno permitió elecciones sindicales.

 
 

No es un asunto menor el que denuncia la dirigencia sindical. Achatar la curva salarial para abaratar los contratos colectivos de Guayana ha sido siempre una intención del Gobierno no concretada en su afán de ganar indulgencias ante unas empresas improductivas pero con gran poder de movilización política. Lo fue para el gobierno de Chávez y también para el de Maduro quien, desde su mandato, ha paralizado a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia los comicios en los dos sindicatos más grandes del país.

Por eso el miércoles, una comisión de dirigentes  fue hasta la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a exigir cuentas sobre la corrida salarial que debe cancelarse a partir de la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo nacional y que supondría la multiplicación, también por más de 60 veces, el costo de las contratos.

Henry Arias, secretario de trabajo y reclamo del sindicato de Alcasa; junto con  Ramón Espino, secretario general del sindicato de CVG Carbonorca; José Hidalgo, secretario general del sindicato de profesionales de Venalum (Sutrapuval) y Oswaldo Febres, del comité ejecutivo de empleados de Venalum (Sutralum), expusieron la urgencia de que se aclare la medida anunciada por Rodríguez.

Otros dirigentes como Javier Torres y Miguel Ekar (Alcasa), Rolando Muñoz (Bauxilum) y Yasmin Roca (Venalum), acompañaron al comité aunque no fueron endidos por el nuevo ministro de Industrias, Carlos Maldonado.

De acuerdo a las convenciones colectivas, el piso para el cálculo de las escalas salariales es el salario mínimo nacional, pero existe el temor que se concrete un método de cálculo que sea perjudicial para lo que el movimiento sindical considera una conquista obrera.

 

 

Arias señaló en entrevista con Correo del Caroní que existe una clara intención del Gobierno y la Central Bolivariana de Trabajadores de eliminar lo que han sido beneficios históricos del movimiento obrero. “Esta no es una pelea contra el Gobierno, esta una pelea por una fórmula salarial que ustedes (trabajadores) se ganaron. ¿Cómo es que ahora el tabulador no sirve?”, se escucha en un audio de asamblea difundido a través de WhatsApp.

Apenas en 2015 el sector aluminio, que ampara a más de 40 mil trabajadores, consiguió un ajuste al tabulador como antesala a la negociación colectiva, firmada finalmente en 2016 y ahora próxima a vencerse.

Las escalas salariales fueron el gran logro de aquella discusión, pues establecía ajustar el tabulador en un 16,5 por ciento por encima del salario mínimo.

Las alertas y denuncias de un grupo de dirigentes ha sido respondido por el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y secretario de organización del sindicato de Sidor  (Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares, Sutiss), José Meléndez, como una mentira. “A los sectores de la derecha, apátridas que no saben más nada que guarimbear, le queremos decir: eso (eliminar el tabulador) es imposible, siempre hay una escala”, afirmó el miércoles en rueda de prensa, acompañado del secretario general del sindicato de Orinoco Iron, Rona Figueredo.

Los antecedentes

Para los trabajadores del sector salud, sin embargo, no es tan imposible como señala Meléndez. La hiperinflación y los anuncios unilaterales sido el gran aplanador de las escalas salariales en el país desde al menos hace cinco años, cuando la inflación comenzó a galopar.

Mauro Zambrano, dirigente del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud y uno de los líderes de las últimas protestas en Caracas, apuntó que el Gobierno debe explicar el cálculo a partir del petro. “¿Cómo es eso? Hablan de que harán una fórmula con el petro y nosotros no tenemos información. Hay muchas dudas y cada día el Gobierno va creando más dudas. Si no detienen el proceso inflacionario los trabajadores vamos a volver a ganar lo mismo. No vamos a permitir que eliminen los contratos colectivos”.

La Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas no ha fijado posición formalmente, pero algunos dirigentes señalaron a Correo del Caroní que el jueves habría una reunión para abordar el destino y aplicación del nuevo método señalado por el Ejecutivo.

¿Qué va a pasar?

El abogado y director General del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) León Arismendi destacó que “una cosa es lo que el Gobierno pretende y una cosa es lo que hace el sindicalismo”, en referencia a la vieja intención del régimen de eliminar la meritocracia y las escalas salariales de los contrarios.

“El sindicato tiene que salir a defender las tablas, no puede aceptar esta maniobra. Aunque es una operación que está en curso creo que van a poder evitar que el sindicalismo oficial salga a revirar (la medida)”.

Arismendi se refiere, por ejemplo, al sector petrolero. Apenas hace unos días, el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros (Futpv), de la Central Bolivariana y constituyentista, Wills Rangel, anunció que pidieron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un tabulador que comienza en 84 dólares, y no 30 como anunció Rodríguez.

De acuerdo al nuevo tabulador salarial, los entes del Estado y las empresas públicas pagarán hasta un máximo de 1,5 salarios mínimos, mientras que en la tabla de salario vigente el tope equivale a 2,5 salarios mínimos.

Los tabuladores recientemente aprobados, como el caso del sector educación, establecen como piso un salario de 4.75 salarios mínimos, con lo cual una nueva unidad de medida basada en el petro sería una medida supeditada al interés del Gobierno.

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