“Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí”, sostuvo el mandatario nacional.

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Nicolás Maduro, presidente del régimen, aseguró este miércoles que el Ejecutivo está en un combate contra la minería ilegal en todo el país, pero principalmente en el estado Bolívar, a propósito del reciente ataque armado de un componente de seguridad pública en una mina del Parque Nacional Canaima, en donde un indígena pemón resultó muerto. Una vez más acusó a los dirigentes del partido La Causa R Andrés Velásquez y Américo De Grazia de estar detrás de las mafias del oro en Guayana.

“Los daños en el Parque Nacional Canaima y el sistema de ríos circundantes son dolorosos”, dijo.

En una rueda de prensa con medios internacionales, sostuvo que es doble delito para un indígena, ante las leyes de la República y ante las leyes de Dios, involucrarse en mafias, “que destruyan el río, el parque, su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a sus familias y a su comunidad en los años que están por venir”, afirmó.

“Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí”, agregó.

Maduro no se refirió a los daños ambientales que ocasiona la creciente minería ilegal en zonas que forman parte del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco y que son dominadas por grupos violentos y por irregulares que han sido vinculados al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Tampoco se refirió a la cada vez

más creciente actividad minera en estados como Amazonas, en donde se ha documentado la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Si bien la crisis minera existe desde hace décadas, se ha acrecentado en los últimos años debido al descontrol del Ejecutivo y la complicidad militar en el negocio de extracción de minerales como oro, coltán y diamante.

El mandatario nacional ordenó al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), Jesús Mantilla, garantizar la estabilidad, seguridad y defensa de la naturaleza en el estado Bolívar y sugirió que las comunidades indígenas también están armadas. “Hay un grupos armados, que han conseguido lamentablemente infiltrados en algunas comunidades indias, allí es donde entonces empieza la campaña internacional. Entonces, uno pregunta, ¿puede un indio tener un fusil, disparar contra la Fuerza Armada y destruir el río? ¿puede? ¿tiene impunidad para eso? Pregunto yo a la comunidad mundial… no, ¿verdad?”, dijo.

Maduro repitió la tesis de que detrás de esta situación está una mafia en el estado Bolívar, vinculada a la oposición. “Andrés Velásquez y Américo Desgracia (sic) son los dos personajes políticos detrás de estas mafias. Si el Ministerio Público metiera un poquito la lupa, lo que encuentra allí es pudrición (…) la mafia del oro está con la mafia política y no podemos permitir grupos armados aquí”, dijo.

A principios de noviembre, el Presidente de la República hizo la misma conexión y amenazó con extinguir y desaparecer a los dirigentes políticos. “El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas, más criminales y más contaminantes del oro. Esa es la verdad”, expresó.

Este miércoles, informó Maduro, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, sostendría un diálogo con las comunidades indígenas para concretar una alianza y “para que sean los protagonistas de la limpieza del Parque Nacional Canaima, de la custodia del parque, eso sí, con las armas pero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay que reformatear todo el sistema de seguridad porque lamentablemente donde aparece oro llega la locura”, puntualizó.

El Consejo de Caciques del Pueblo Pemón tildó en la noche del martes de asesino al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y pidió el retiro de la operación militar encubierta. Dirigentes han señalado que el retroceso del turismo los obligó a sumarse a la minería, una actividad que afecta el ecosistema de estas tierras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.