Martes, 14 Febrero 2017 00:00

Espacio Público defiende el derecho al voto como elemento de la libertad de expresión

 
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Periodistas y Espacio Pública destacan que el Poder Ejecutivo ha condicionado las actuaciones del CNE Periodistas y Espacio Pública destacan que el Poder Ejecutivo ha condicionado las actuaciones del CNE Foto Archivo

La ONG interpuso acción de amparo constitucional contra el CNE por el retraso de las elecciones regionales. Oswaldo Cali, coordinador de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, destaca que ‘el retrasar ilegítimamente, sin ninguna razón válida, las elecciones regionales, no solo viola el derecho al voto que tenemos los venezolanos, sino que viola la participación ciudadana y la libertad de expresión’.

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La ONG Espacio Público y un grupo de periodistas de Runrun.es introdujeron el viernes pasado una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por el retraso en la convocatoria de las elecciones regionales que debieron celebrarse el año pasado.

Oswaldo Cali, coordinador de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, destaca que “el retrasar ilegítimamente, sin ninguna razón válida, las elecciones regionales, no solo viola el derecho al voto que tenemos los venezolanos, sino que viola la participación ciudadana y la libertad de expresión. Consideramos que con el voto la gente expresa su decisión política de escoger a alguien para determinado cargo, pero además, la convocatoria a un proceso electoral implica una serie de debate público que es el marco donde se desarrolla la libertad de expresión en una sociedad democrática”.

La demanda de Espacio Público destaca que los derechos violados son de rango constitucional, además de estar contemplados en instrumentos internacionales ratificados por el Estado venezolano.

Cali observa también la falta de independencia de las instituciones del Estado para tomar decisiones libremente sin estar condicionadas a las órdenes del Poder Ejecutivo.

“El Poder Ejecutivo se mantiene dando declaraciones que de alguna manera condicionan las acciones de los entes públicos. Ha condicionado la actuación del CNE, vemos también cómo se detuvo la convocatoria al referendo revocatorio, no solo por un retraso del CNE sino por la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que carece completamente de garantías de independencia e imparcialidad”, argumenta.

Omisión de obligaciones constitucionales

La ONG explica que en este caso se ejerce una acción de amparo y no una acción procesal ordinaria por la concurrencia de motivaciones constitucionales, tratándose de omisiones de deberes contemplados en la Carta Magna, como la convocatoria y celebración de procesos electorales regionales, así como mantener abierto de forma permanente y accesible el Registro Electoral. 

 

ComillasNEGRASgrandesEl retrasar ilegítimamente, sin ninguna razón válida, las elecciones regionales, no solo viola el derecho al voto que tenemos los venezolanos, sino que viola la participación ciudadana y la libertad de expresión”.

 

“En segundo lugar, debido a que dichas omisiones comprometen el contenido esencial de los derechos fundamentales al voto y a la libertad de expresión en relación con la participación directa en asuntos públicos, pues impiden, ab initio, ejercer estos derechos en el momento constitucional en que están llamados a ejercerse; esto es, prima un interés público constitucional, que trasciende la suma de intereses individuales, de abrir el Registro Electoral y celebrar las elecciones con la máxima urgencia y celeridad institucional”, añade la ONG.

Reiteran que “al referirse a obligaciones constitucionales vencidas, técnicamente en mora, de las cuales depende, nada menos, que la posibilidad de recomponer y relegitimar democráticamente al Estado por voluntad del soberano, la acción de amparo autónoma es la única vía procesal idónea para exigir y hacer valer a la brevedad posible ante el Consejo Nacional Electoral la garantía de los derechos fundamentales vulnerados a través del cumplimiento inmediato de sus obligaciones constitucionales preestablecidas”.

De acuerdo con la Ley de Amparo, la demanda debería tramitarse en los próximos días. No obstante, Cali asevera que están conscientes de que “eso no ocurre en Venezuela de esa manera. El TSJ no tiene garantía de independencia e imparcialidad para responder a este caso adecuadamente”.

Precisa que de no resolverse el caso adecuadamente por parte del TSJ, llevarían la demanda a instancias internacionales, basándose en que se tratan de derechos humanos, como el derecho al voto, la libertad de expresión y de participación.

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