En un escrito publicado originalmente en Correo del Caroní el 24 de abril de 2014, se explicaba los intríngulis de un presidio que sigue siendo un sinsentido. Hoy, cuando al secretario general de Sintraferrominera lo apresan de nuevo injustificada y atropelladamente, publicamos ese recuento que viene muy al caso sobre todo para refrescar memorias en torno de uno de los grandes atropellos que ha visto Guayana.

@damianprat

Ayer, como sabemos, el tribunal de juicio correspondiente en Caracas, dictaminó lo que era obvio desde siempre pero que a medida que transcurría el lento y largo juicio era marcadamente evidente: no hay delito, no hay evidencias de delito alguno y por tanto le otorga libertad plena al dirigente sindical de Ferrominera Rubén González. Sentencia que celebramos con júbilo los que defendemos la democracia contra el autoritarismo, los que luchamos por preservar los derechos y libertades laborales y sindicales ante la arrogancia y la soberbia antiobrera de la supuesta (y falsa) revolución que se empeña en criminalizar las luchas sociales, la protesta social y política tanto de los trabajadores, como de los estudiantes y de los factores políticos. En el concepto totalitario de los que detentan el poder solo cabe la obediencia sumisa y el pensamiento único. Por eso criminalizan todo. Lo único que les quita el sueño es tener el poder, conservarlo al costo que sea y disponerlo como su propiedad particular.

¿Cómo resarce el gobierno la cárcel que durante 17 meses sufrió con absoluta injusticia el dirigente sindical ferrominero Rubén González? ¿Cómo paga y devuelve ahora la revolución su acción profundamente antiobrera, antidemocrática e inconstitucional de desconocer el legítimo derecho a la protesta y a la huelga? ¿Cómo se resarcen los daños a la persona y a los trabajadores ferromineros por el obsesivo empeño del alto gobierno en criminalizar el justo reclamo laboral que condujeron a esos 17 meses de cárcel y más de 4 años de juicio?

Recordemos el caso: en agosto de 2009 una masiva asamblea de trabajadores ferromineros de Ciudad Piar decide iniciar un paro de protesta ante las masivas violaciones al contrato colectivo firmado varias semanas antes pero que la estatal no cumplía. El sindicato Sintraferrominera, liderado por González, en aquel entonces militante de PSUV, acompaña la protesta y la asume. El gobierno y la empresa reaccionan contra el paro, lo niegan y se resisten a negociar una solución. Por esa actitud intransigente, el paro se extiende por 17 días. Finalmente la empresa acepta reunirse, conviene en comprometerse a cancelar deudas y cumplir lo acordado y en que no habría represalias. Incluso, el presidente de la empresa ratifica esto en la asamblea de trabajadores.

Semanas más tarde, sin embargo, la policía detiene a González y un tribunal le decreta casa por cárcel por “violaciones a la zona de seguridad nacional (toda la empresa lo es, pero ¿cómo puede violar esa zona quien trabaja allí?), por daños a la nación al hacer una huelga (que es un derecho constitucional)” y no sé cuántos delitos más. Semanas más tarde lo envían preso a la sede de la Policía de Caroní. Las protestas van creciendo. Los medios libres hacen presión e informan. Se suman solidarios varios sindicatos y hasta se anuncia una paralización general. El caso va a la OIT. El movimiento estudiantil promueve una intensa protesta. Un tribunal decreta 4 años de cárcel lo que casi causa una huelga y revuelta general. El poder político rojo rojito retrocede y el TSJ, sin que se publique la sentencia, ordena anular el juicio y empezar desde cero, pero en Caracas y con el imputado en libertad.

La libertad con juicio abierto es una espada de Damocles, una amenaza constante, un recurso indigno muy del gusto de esta revolución que busca amedrentar y silenciar al luchador social que técnicamente está al borde de la cárcel en todo momento, con el agravante del reincidente. Deleites del totalitarismo. Hacen de todo. Promueven hechos violentos. Provocan. Pero el equipo sindical de la Unidad, liderado por Rubén les gana las elecciones a pesar de todo el abuso de poder, el ventajismo y las amenazas. El juicio sigue hasta el resultado de ayer. No era posible ninguna otra sentencia.

Así como no hay forma de devolverle a Rubén González sus 17 meses de privación de libertad, tampoco la robo-lución podrá quitarse esa raya que la identifica como profundamente antiobrera. Porque además, el de Rubén no es un caso único ni aislado. Tan grave es el de Iván Freites, líder sindical petrolero de Falcón, criminalizado, perseguido y despedido por denunciar la irresponsabilidad de la empresa en todo lo que ocasionó la tragedia de Amuay. Aquí siguen abiertos los juicios contra más de 50 sidoristas y en general hay cerca de 300 luchadores sindicales con juicios en el país, siempre por hacer uso de los derechos constitucionales al paro, la huelga o la protesta. Esas luchas enfrentando la represión, con sus derrotas transitorias y sus sonoros triunfos -como el de ayer- siguen haciendo crecer la conciencia de la necesidad del cambio democrático, con marcado sentido progresista. ¡Así será!

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