Miércoles, 22 Agosto 2018 00:00

La delincuencia común y la Policía mataron a 1.331 personas en Caracas durante un año

 
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Los cuerpos de seguridad han enlutado a muchas familias venezolanas con ejecuciones extrajudiciales Los cuerpos de seguridad han enlutado a muchas familias venezolanas con ejecuciones extrajudiciales Foto Carlos Ramírez

En el primer año de recolección de datos, entre los meses de mayo de 2017 y abril de 2018, el equipo de Monitor de Víctimas, integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos registró 1.589 homicidios, de ellos 1.331 personas tuvieron uno de los dos principales victimarios: hampa común y policías.

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Cuerpos de seguridad cometieron más de la mitad de los homicidios de marzo en Ciudad Guayana

 

Un cantante famoso, 569 padres de familia, 101 menores de edad y 62 adultos mayores son ahora parte de las estadísticas rojas que deja la violencia en el Área Metropolitana de Caracas.

En su primer año de recolección de data sobre homicidios, Monitor de Víctimas contabilizó 1.589 casos de asesinatos en los cinco municipios que conforman la capital de Venezuela (Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo).

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por el medio digital Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive, que busca registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en Caracas. Para llevar adelante esta tarea combina periodismo de datos, periodismo de investigación, periodismo colaborativo y participación ciudadana.

En el primer año de recolección de datos, entre los meses de mayo de 2017 y abril de 2018, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos registró 1.589 homicidios, de ellos 1.331 personas tuvieron uno de los dos principales victimarios: hampa común y policías.

Delincuencia común: el primer victimario

Según datos recopilados en las morgues por el equipo de Monitor de Víctimas, los civiles (presuntos delincuentes) son responsables de más de la mitad de los crímenes ocurridos en Caracas.

En 788 de homicidios los victimarios fueron identificados como civiles, cifra que representa el 57% del registro.

En uno de estos casos la víctima fue el cantautor Evio Di Marzo, fundador de la agrupación Adrenalina Caribe y hermano del también cantante Yordano Di Marzo. El músico fue asesinado el 28 de mayo en un intento de robo ocurrido en Quebrada Honda, parroquia San Bernardino del municipio Libertador.

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Aun cuando autoridades policiales de la Policía Nacional Bolivariana, anunciaron el fallecimiento de uno de los implicados en la muerte del cantautor, un presunto integrante de la banda de el Chato, que opera en la parroquia San Juan del municipio Libertador; sin embargo posteriormente esta versión fue desestimada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien indicó que no había certeza en la participación del hombre asesinado por el FAES en el crimen de Di Marzo. El caso se mantiene abierto.

En la lista también figuran Shirley Rosa Osorio, maestra de prescolar asesinada durante un robo a un colectivo, y José Daniel Hernández Sequera, periodista cuyo cadáver fue localizado en terrenos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también para robarlo.

El robo es el principal móvil en los homicidios ocurridos en Caracas. Monitor de Víctimas registró 280 casos bajo esas causas.

Pero la inseguridad en Caracas no se limita al robo. En el período analizado hubo 152 casos en los que las víctimas fueron asesinadas por venganza o ajustes de cuentas. Otra causa de los crímenes fueron las riñas, 73 personas murieron en peleas.

Las muertes provocadas luego de que las víctimas quedaran atrapadas en la línea de fuego o que fuesen impactadas por balas perdidas también dejaron su rastro de muerte al contabilizar 66 hombres y mujeres fallecidos al quedar atrapados en la línea de fuego o muertos por balas perdidas.

La violencia de género también dejó víctimas en Caracas, una ciudad en la que 17 mujeres fueron asesinadas por razón de su sexo.

Otras 12 personas murieron en casos que fueron reportados por los familiares de las víctimas y por las autoridades como enfrentamientos entre bandas. 11 ciudadanos perdieron la vida al ser linchadas por grupos que pretendieron hacer justicia por su propia mano.

Las protestas del año 2017 dejaron 11 víctimas.

El asesinato por encargo, o sicariato dejó nueve muertes y en dos casos se registró el deceso de personas que habían sido secuestradas.

Al respecto Javier Gorriño, criminólogo y ex funcionario del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Ctpj) señala que los delitos han aumentado y se han adaptado a las nuevas realidades. Hoy las armas de fuego son las principales causas de muerte, porque los robos no se hacen con navajas, se usan pistolas, fusiles de asalto, granadas, lo que facilita el crimen, basta con apretar el gatillo para quitarle la vida a alguien. Delitos como el sicariato se consolidaron en el país, así mismo se puede observar el incremento de los casos de linchamientos ante la impunidad que impera. “El delito al no ser contenido se multiplica”.

Policías letales

Los organismos de seguridad del Estado ocupan el segundo lugar como protagonistas de la violencia caraqueña. Están involucrados en 41% de los homicidios registrados por Monitor de Víctimas, lo que significa que 543 personas perdieron la vida a manos de policías.

De ese total 280 murieron en casos registrados como supuesta “resistencia a la autoridad” y en 263 casos, los familiares denunciaron que las víctimas fueron ejecutadas por los funcionarios.

El organismo con la cifra más alta de letalidad es la Policía Nacional Bolivariana, a través de su Fuerza de Acciones Especiales (FAES) que acumula un total de 282 asesinatos; seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 241 víctimas y luego se ubica la Guardia Nacional Bolivariana con 14 casos.

Casos como los de los hermanos Néstor y Wilfredo Flores, padres de 11 hijos, quienes fueron asesinados el pasado 16 de abril en un operativo realizado por funcionarios del cuerpo detectivesco en la parroquia Coche son cada vez más comunes.

  ComillasAMARILLASHoy las armas de fuego son las principales causas de muerte, porque los robos no se hacen con navajas, se usan pistolas, fusiles de asalto, granadas”. Javier Gorriño, criminólogo  

Los hermanos fueron asesinados en sus casas durante una operación del Cicpc, la familia denunció que fueron asesinados por los funcionarios policiales, luego de que fuesen detenidos durante el allanamiento a sus viviendas. El jefe del Cicpc, comisario Douglas Rico, por su parte señala que murieron durante un enfrentamiento, “al notar la presencia policial dispararon contra los funcionarios y se les hizo frente”.

Por otra parte, la corrupción policial es un mal que afecta cada vez más a los cuerpos policiales y lleva a los funcionarios a involucrarse en homicidios. Reporteros de Monitor de Víctimas recopilaron denuncias sobre este tipo de casos. Alexander Rafael David Delgado, de 24 años de edad, fue asesinado por funcionarios del Cicpc en el barrio La Dolorita de Petare, municipio Sucre del estado Miranda al no pagar una extorsión que le estaban cobrando.

La socióloga Verónica Zubillaga señala que “cuando a las fuerzas policiales se les da carta blanca para asesinar impunemente, desarrollan comportamientos típicos de contextos de guerra. La vivienda de la víctima ha sido tomada y lo que haya en esa casa se convierte en un botín de guerra al cual los grupos comando que actuaron creen tener derecho”.

Esto explica por qué los excesos no se limitan al asesinato de supuestos sospechosos. Las denuncias de robos de comida, artículos electrónicos, perfumes y dinero por parte de los funcionarios policiales son una constante luego de operaciones policiales en las barriadas caraqueñas.

Otra irregularidad detectada, que los familiares denuncian es que las operaciones policiales se realizan sin órdenes de allanamiento, ni presencia de fiscales que garanticen los derechos de las víctimas, entre ellos el más importante: el derecho a la vida.

Esta situación se ha venido repitiendo desde el año 2015 cuando fueron implementadas las operaciones de Liberación del Pueblo (OLP),  como una supuesta respuesta del gobierno a la creciente inseguridad que imperaba en distintos sectores del país.

Según las denuncias de los familiares, la estrategia utilizada por los funcionarios se repite bajo el mismo guión: los grupos comando llegan a las viviendas en horas de la madrugada, derriban las puertas de las casas, ingresan, dominan a todo el grupo familiar, seleccionan a quienes buscan y los separan, una vez controlada la situación bajo cualquier excusa sacan del inmueble a los demás familiares y matan al detenido, luego simulan un enfrentamiento y se quedan en la vivienda por varias horas, tiempo en el que por lo general, alteran la escena del crimen y además terminan cargando con objetos de valor y toda la comida que encuentren en la casa.

Los huérfanos de la violencia

Uno de los objetivos de Monitor de Víctimas es visibilizar el elevado costo de la violencia en Caracas y sus consecuencias, de esta manera destaca el número de huérfanos que dejó la inseguridad.

En los 12 meses comprendidos entre mayo de 2017 y abril de 2018, se registró que al menos 1.084 niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de hechos relacionados con la violencia en Caracas.

“Uno de los grandes errores cometidos es que cuando se habla de las víctimas de la violencia muchas veces se limita a hacer el recuento de los fallecidos, pocas veces se estudia el impacto de esos crímenes en la vida de sus familias, de las comunidades y de la sociedad en general y es allí donde está uno de los vértices más críticos de la violencia, ya que miles de niños han perdido a sus padres, cientos de familias perdieron a quienes eran sus fuentes de sustento” señala Fernando Pereira, coordinador de Cecodap.

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Los venezolanos han perdido la confianza en los cuerpos de seguridad | Foto Carlos Ramírez
 

Al menos una de cada tres víctimas de la violencia dejó hijos menores, se trata de 569 personas que eran padres o madres de niños y adolescentes.

De los 1.084 menores huérfanos, 626 perdieron a padres a manos de la delincuencia común. Mientras que 349 quedaron sin uno de sus progenitores luego de acciones de los cuerpos de seguridad del Estado. De este subtotal, la PNB es responsable de 162 casos y el Cicpc de 152.

Uno de estos casos es el de Johan José Escorcia Pérez, asesinado por funcionarios del grupo FAES de la PNB el 4 de julio en el sector El Morro de Petare.

Su hija de tres años fue testigo del hecho, “mataron a mi papá, le hicieron así: po, po, po”, repite cada vez que pregunta por su padre.

Otro dato a destacar es que casi 5% de las víctimas eran de sexo femenino, en total 27 madres fueron asesinadas en Caracas durante el período.

Al analizar el impacto de la violencia en el núcleo familiar, se observa que 135 de las víctimas eran el principal sostén de sus hogares, luego de su muerte, al menos 275 personas quienes dependían directamente del sustento que ellos suministraban quedaron en una situación económica muy precaria.

Al respecto Zubillaga señala que la muerte violenta de una persona, en un país con unas cifras tan elevadas de impunidad, en ocasiones termina convirtiéndose en la causa de que se perpetúen ciclos de violencia, “los hijos o hermanos de las víctimas al ver que no encontrarán justicia quieren venganza”.

Niños y ancianos vulnerables

Durante el primer año de recopilación de datos, Monitor de Víctimas logró registrar los homicidios de 102 menores de edad, más de la mitad de los crímenes ocurrieron en el municipio Libertador, tal es el caso de Pablo José Tovar Márquez, de 14 años de edad, quien resultó muerto al ser herido por funcionarios de PNB mientras volaba papagayos en su casa en El Cementerio, parroquia Santa Rosalía.

28 menores fueron asesinados por funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad, 19 de ellos en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y 9 en presuntas resistencias a la autoridad.

15 de las muertes estuvieron vinculadas a supuestos ajustes de cuenta y venganzas y 13 niños y adolescentes perdieron la vida al quedar atrapados en la línea de fuego o al ser alcanzados por balas perdidas. En 7 casos se determinó que murieron en peleas, 4 al ser asaltados y uno mientras cometía un robo.

Se mantiene la tendencia que revela que hay una mayor cantidad de víctimas masculinas que femeninas, 94 niños y adolescentes fueron asesinados en el período en comparación con 8 casos de niñas

En el otro extremo del rango de edades se encuentran los adultos mayores, otro sector de la población vulnerable ante la inseguridad. En el período analizado por Monitor de Víctimas se contabilizó el asesinato de 62 adultos mayores, que murieron principalmente durante robos en los que fueron víctimas, en total se contabilizaron 39 casos, 63%.

Luis Francisco Cabeza, director de la organización no gubernamental Convite AC, señala que el número de adultos mayores asesinados es una cifra que debe alertar a las autoridades. “ya que se observa una tendencia que tiende al aumento, cada vez son más los abuelos que quedan solos en sus hogares, producto de la migración de sus familiares y se convierten en víctimas fáciles para delincuentes”.

Un teatro lleno de muertos por armas de fuego

La cantidad de personas asesinadas utilizando armas de fuego en la ciudad capital casi llenaría las instalaciones del Teatro Municipal de Caracas, sala que tiene una capacidad de 1.200 personas.

En Caracas 1.071 ciudadanos murieron tras haber sido atacados utilizando pistolas y revólveres, otras 26 murieron por heridas provocadas por armas largas y dos con chopos, o armas de fuego de fabricación casera. En total 1.099 personas cayeron muertas por balas.

En el Área Metropolitana de Caracas, los datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y 2018 indican que 9 de cada 10 homicidios se cometieron con armas de fuego, un número muy superior incluso al promedio del continente americano.

Para Zubillaga, la explicación de estos crímenes está en la cantidad de pistolas, revólveres, fusiles y escopetas que hay en circulación en el país. “Hay una elevada proporción de armas de fuego con respecto al resto de la región y esto hace que las peleas, que antes eran a puños, ahora sean letales”, indica.

  ComillasAMARILLASCuando a las fuerzas policiales se les da carta blanca para asesinar impunemente, desarrollan comportamientos típicos de contextos de guerra”.  Verónica Zubillaga, socióloga  

Las afirmaciones de la socióloga están argumentadas en cifras. El “estudio mundial sobre homicidios 2011”, desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, señala que 42 % de las muertes de 2010 que se registraron en 108 países ocurrieron por el uso de balas o proyectiles. Sin embargo, según la misma investigación, ese porcentaje en América es mayor y alcanza 74%, cuando en Europa apenas se ubica en 21%.

Tal frecuencia coincide con lo expuesto en el documento Evolución de la criminalidad en Venezuela (1990-2015), elaborado por el experto en Ciencias Criminales y ex asesor de PoliHatillo, Ernesto Herrera Núñez, quien utilizó datos del anuario de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) de donde se extrajo el número de homicidios o agresiones hechas con disparos de armas largas y cortas.

“Mediante este análisis se observó la tendencia creciente desde el año 1995 a la utilización de armas de fuego en los homicidios hasta alcanzar alrededor de 89% de los casos en 2006. A partir de ese año, pareciera experimentarse una estabilización de la tendencia al valor. Es decir, 9 de cada 10 homicidios son cometidos con armas de fuego”, apunta el estudio.

En este sentido especialistas y organizaciones no gubernamentales insisten en solicitar al Gobierno nacional incrementar el control sobre las armas de fuego y municiones como una medida para reducir la letalidad de la delincuencia en el país.

En el documento Acción por la Vida, firmado por una treintena de ONG entre las que se encuentran Caracas Mi Convive, Cecodap, Centro Gumilla entre otras cosas se exige el control de armas y la disminución de la producción y el marcaje de balas por el principal fabricantes de municiones del país, la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim).

El documento fue entregado a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior Justicia y Paz, sin embargo no han tenido respuestas.

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