Viernes, 14 Septiembre 2018 00:00

Ejecución extrajudicial y vulneración al debido proceso tienen en vilo a Campo Rojo

 
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La comisión acompañó la protesta de los vecinos el 6 de septiembre La comisión acompañó la protesta de los vecinos el 6 de septiembre Fotos Prensa Codehciu

Aún proliferan casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, que violan derechos humanos y que atentan contra la calidad de vida ciudadana. José Gregorio Martínez, de 25 años, fue asesinado el 4 de septiembre, y familiares denuncian el abuso de autoridad de funcionarios del Cicpc.

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La avenida Guayana amaneció trancada el jueves 6 de septiembre. Esta vez, la protesta no fue por agua, gas o comida. Los vecinos de Campo Rojo reclamaban el derecho a la vida y al debido proceso que, como alertan, fue vulnerado en su comunidad.

Contaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) cómo José Gregorio Martínez, joven de 25 años, fue asesinado con 4 disparos por funcionarios del  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el martes 4 de septiembre a alrededor de las 5:00 de la mañana.

El primo de Martínez, Eduardo García, salió a la calle a reclamar justicia para su familiar.

“Le quitaron la vida a un joven. No era ningún delincuente pero lo mataron como un perro. Llegó el Cicpc tumbando la puerta trasera, arrodillaron a los que estaban en la casa. Sin orden, sin nada. La madre suplicó y se arrodilló”, alertó García.

Familiares relataron a Codehciu cómo los funcionarios maltrataron a la madre del joven y a una niña de 3 años que estaban en la casa cuando ocurrieron los hechos. A la mujer, quien suplicaba por la vida de su hijo, una funcionaria la jaló por el cabello. La pequeña observaba todo.

Lo contado por los dolientes y vecinos evidencia una clara violación del derecho a la vida, el cual, de acuerdo con el derecho internacional es un prerrequisito para el ejercicio de los demás derechos, que de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido, y cuya obligación de protección y garantía está consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como en Tratados Internacionales de los cuales la República es parte.

Otra de las garantías constitucionales violentada en este hecho es la presunción de inocencia, establecida en el artículo 49 constitucional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, que expresa que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia “mientras no se pruebe culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público”.

Por otro lado, como denuncian, los funcionarios entraron a la morada sin orden de allanamiento ni de detención. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 47 expresa que el hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto privado, son inviolables: “No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”.

Múltiples violaciones

Testigos aseguraron que la persona que buscaba el Cicpc no era Martínez. Alegan que los funcionarios creyeron que era alias el Siriaco. Además, su familia relata que el joven asesinado vivía en Valencia, trabajaba como comerciante, y que cumplía 7 días de visita en Ciudad Guayana.

Su presunta ejecución por parte de los funcionarios es una vulneración al derecho a la vida, consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la constitución en los siguientes términos:

 
 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. “Nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida”. A Martínez lo sacaron de una de las habitaciones, como contó la familia, lo arrodillaron en la parte trasera de la casa, frente a sus seres queridos, y fue ejecutado a pesar de que el joven no mostró resistencia. Los allegados contaron a Codehciu que los funcionarios del Cicpc dispararon en múltiples ocasiones hacia los alrededores para simular un enfrentamiento y justificar su saña.

El artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal expresa que: “cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.

Los vecinos que protestaron la semana pasada alertaron que le temen a este tipo de supuestas ejecuciones. “Si le pasó al él, nos puede pasar a cualquiera”, ratificaban.

Quizá si en el estado Bolívar no se violara constantemente lo que escribe la Constitución, la historia de Martínez fuese otra. El artículo 44 de la Carta Magna habla de la libertad de la persona, la cual es inviolable, y dicta que nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de una orden judicial  “a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”.

 “Son unos asesinos. Así él haya sido culpable o no, no tienen por qué matar a una persona así”, alertó Villarí Lorán, familiar de la víctima, el pasado jueves 6 de septiembre durante la protesta en la exigencia de justicia por el caso.

El mismo documento, en su artículo 43, advierte que ninguna ley puede establecer la pena de muerte, pues el Estado debe defender siempre el derecho a la vida.

“Él decía, chamo, yo no soy, yo no soy, no me maten”, relató otro pariente a Codehciu. “Su mamá vino y se metió (entre el joven y los funcionarios), y la maltrataron, frente a una niña de 3 años, lo llevaron a él al fondo, le metieron unos tiros y dijeron que fue un enfrentamiento”. 

Codehciu hace el llamado

 
 

En todo caso, si la víctima tiene antecedentes penales o si se sospecha su participación en el algún delito, el deber de los funcionarios policiales es reportar los hechos conocidos y que se realicen las investigaciones correspondientes. En ningún momento podrán los funcionarios policiales juzgar a los imputados y mucho menos ejecutarlos por su propia mano, como se presumen los hechos en este caso.

Ante tal situación, Codehciu, condena este hecho y exhorta a las autoridades al cumplimiento de la norma y el respeto de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida y al debido proceso, cuando se trate de una persona presuntamente responsable de un delito, el paso a seguir es mostrar la orden de detención expedida por un juez.

Se debe “hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario” y “no se deben utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas” (artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la actuación policial). Si se obvian alguno de estos preceptos ya se puede hablar de violación de los derechos de esa persona.

Es deber del Estado investigar de oficio, sin necesidad de una denuncia formal, estos hechos que presumen una muerte potencialmente ilícita, con prontitud, y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial, transparente y conclusiva que permita la determinación de responsabilidades por parte de los funcionarios del Cicpc.

Las ejecuciones extrajudiciales, dentro del derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, y componen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos. (Prensa Codehciu)

codehciu2a14“Le quitaron la vida a un joven. No era ningún delincuente pero lo mataron como un perro”

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