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Redacción Correo del Caroní

El salario pasó de Bs. 1.000.000 a Bs. 3.000.000 (un aumento del 200%); y el bono de alimentación, de Bs. 1.555.500 a Bs. 2.196.000. Ambos suman Bs. 5.196.000.El salario pasó de Bs. 1.000.000 a Bs. 3.000.000 (un aumento del 200%); y el bono de alimentación, de Bs. 1.555.500 a Bs. 2.196.000. Ambos suman Bs. 5.196.000.El salario pasó de Bs. 1.000.000 a Bs. 3.000.000 (un aumento del 200%); y el bono de alimentación, de Bs. 1.555.500 a Bs. 2.196.000. Ambos suman Bs. 5.196.000.

A 29 años del Caracazo, la ONG defensora de derechos humanos no solo ratifica su exigencia de esclarecimiento de la masacre de aquel 27 de febrero, sino que reconoce que la idea de un Estado interesado en ocultar la verdad sobre aquellos hechos fomenta una violencia política amparada en la impunidad. 

Un juzgado de Caracas admite una querella por difamación contra cuatro periodistas del portal de periodismo de investigación por revelar irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, una trama que alcanza al presidente Maduro.

En menos de 254 horas, la dictadura de Nicolás Maduro avanza en su radicalismo con una jornada de dos detenciones políticas -Enrique Aristeguieta Gramcko y Vanessa Barroso-, revelaciones de la masacre de El Junquito, aceptación de Maduro de la tarjeta del PSUV para las presidenciales, amenazas de Diosdado Cabello al frente de un nuevo plan cívico-militar y exclusión de Primero Justicia de la jornada de reparación.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se unió al repudio nacional por la masacre de El Junquito, a la que no solo tilda sin empachos de ‘horrible masacre’, sino que desnuda, aún más, a una dictadura que degrada e irrespeta la dignidad del ser humano. A ese al que pisotean sus garantías fundamentales por atreverse a disentir. 

 Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana acusa a Maduro de tergiversar las homilías de obispos de Lara al denunciar la corrupción.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

La observancia internacional sobre las violaciones de derechos humanos del régimen madurista se mantienen en el tapete. Esta vez fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se pronunció por un caso que habla por muchos, el profesor Santiago Guevara, para el cual emitió una medida cautelar en la que pide al Estado venezolano ‘garantizar la vida e integridad personal’ ante su deteriorado estado de salud y sus condiciones de reclusión. El país y el mundo no olvida a los presos políticos.

El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, puntualizó que entre los años 2014 y 2017 se causó un daño patrimonial en Pdvsa por 1.156 millones dólares por barriles de crudo no producidos y que incluso se llegó a disponer de 266 millones de dólares para el pago de regalías al Estado e impuestos por un petróleo que nunca se produjo.

Escepticismo luego de varios intentos infructuosos, agendas paralelas y desinformación entre las partes se juntan en un coctel que, más que placeres, generan una profunda resaca en la ciudadanía, que cada día cuestiona más el liderazgo de quienes están llamados, en principio, a liderar el cambio político en el país

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